La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide respuestas ante denuncias de un detenido bonaerense

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la Organización de los estados Americanos (OEA) le solicitó al gobierno argentino que presente una respuesta en un plazo de tres meses ante la denuncia presentada por un detenido bonaerense, que tiene como acusado al procurador Julio Conte Grand.

Se trata de la denuncia realizada por Javier Ronco, la que fue presentada el 10 de mayo del año pasado por su abogado defensor, César Albarracín, ante las presuntas graves irregularidades en el servicio de justicia.

César Albarracín, abogado defensor de Javier Ronco

Con la firma de la Secretaria Ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, se le requirió al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Felipe Solá, una respuesta con un límite de tres meses a partir del 11 de junio pasado.

En la denuncia de Ronco se detalló que lleva más de siete años con prisión preventiva y se tramitó como el caso 1066-20 en el organismo internacional.

El reclamo fue presentado por Albarracín, defensor de Javier Maximiliano Ronco, un hombre que se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza imputado en dos causas: un doble homicidio cometido en Punta Lara el 5 de enero de 2008 y una asociación ilícita en la que quedaron involucrados jueces, un fiscal y jefes policiales.

Ronco denunció en todas las instancias locales: juzgado, cámara de apelaciones y Tribunal de Casación, pero ante las denegatorias de sus reclamos por violaciones a principios de legalidad, proporcionalidad y plazo razonable, acudió a una instancia internacional.

En el escrito se detalla la supresión de elementos de prueba en las dos causas que los tiene como imputado a Ronco, y que esa eliminación habría ocurrido para que Conte Grand no quede involucrado.

Entre esas pruebas se menciona la desaparición de un video en el que Ronco le entrega dinero al hijo de una jueza platense, para poder acceder al beneficio de la salida laboral.

Las graves denuncias del detenido tienen implicancias institucionales y jurídicas. Albarracín explicó que por los dichos de su defendido “hay un fiscal detenido, un juez de Casación suspendido y el hijo de una jueza de La Plata imputado penalmente ”, y que “ a pesar de ello nos han denegado ir a un juicio por jurado ”.

El testimonio de Ronco afectó a varios sectores de la justicia bonaerense, y por esa razón la defensa considera clave ser sometido a un juicio por jurado popular, para garantizar imparcialidad, pero esa solicitud fue denegada sistemáticamente.

Albarracín indicó que Ronco es el preso con la prisión preventiva más extensa del país, con más de siete años en esa condición.

“Por la causa del doble homicidio fue citado como testigo y luego de le pidió colaboración como un agente encubierto, para derivar en su imputación debido a que no accedió a pagar 30.000 dólares al entonces fiscal Tomás Morán ”, se explica en el escrito que transita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exfiscal Tomás Morán, cuando fue detenido

“A los pedidos de coimas se sumó la desaparición de una gorra secuestrada en la escena del crimen, que correspondía al verdadero asesino y que tenía muestras de ADN ”, explicó el letrado.

Esas irregularidades fueron en la causa del doble homicidio, por la que Ronco permanece detenido desde el 14 de abril de 2014.

A pesar de que hubo cambios de varios fiscales en ese expediente siempre hubo un denominador común: negar todos los pedidos de la defensa.

Pero en la causa de asociación ilícita, siempre de acuerdo al relato de la defensa de Ronco, las irregularidades continuaron con supresión de pruebas claves como la pérdida de un video tras un allanamiento irregular y la “plantación” de un arma de fuego en ese procedimiento.

Desde la defensa se quejaron de tres cuestiones: la negación a un juicio por jurado, que no tenga fecha de inicio ninguno de los dos juicios y que a pesar de que el imputado siempre estuvo a derecho no le otorguen ningún beneficio excarcelatorio.

“Han violado el derecho a la defensa. No nos permiten tener acceso a todas las presuntas pruebas. Estamos en presencia en varios casos de graves irregularidades institucionales y jurídicas ”, sostuvo Albarracín.