La jueza federal Sandra Arroyo Salgado declaró este martes en el inicio de jury al suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán y ratificó lo investigado por su juzgado contra el acusado de liderar una asociación ilícita que robaba cargamentos de drogas para su posterior comercialización, informaron fuentes judiciales.
“Yo hice una valoración de la prueba conforme lo manda el Código Procesal Penal de la Nación, esto es bajo lo que se llama el método de la sana crítica racional, que ordena. Los elementos que yo tuve en cuenta (para procesar a Scapolán) fueron los dichos de los arrepentidos, los dichos de los letrados que en los distintos casos intervinieron, los movimientos de los celulares de los policías involucrados y dónde activaban celdas, como así también el análisis de la activación de celdas de los celulares usados por el fiscal Scapolán y sus secretarios también imputados en el expediente, las filmaciones, los videos obtenidos”, precisó la jueza al declarar en el jury y contar cómo fundó su procesamiento.
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La audiencia de jury fue en el edificio Anexo del Senado bonaerense, situado en las calles 7 y 49, de la ciudad de La Plata, siendo los principales testigos que declararon hoy la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.
La jueza federal aludió a “los dichos de imputados que fueron víctimas de distintas conductas extorsivas o de armados de causas”, elementos que la “convencieron de que había elementos suficientes para procesar al fiscal Claudio Scapolán y a sus secretarios en base a los delitos por el cual se dictó el auto de procesamiento”.
Respecto a su apartamiento de la causa, Arroyo Salgado explicó que fue recusada por “el abogado de Maximiliano Jarisch, uno de los secretarios de la Fiscalía” de Scapolán, al sostener que “había perdido” su “imparcialidad”, al mencionarlo “en una indagatoria a otro coimputado”, como miembro de la asociación ilícita liderada por el fiscal.
“Jarisch, entonces, plantea que yo había perdido mi imparcialidad y mi objetividad al seguir mencionándolo, siendo que la Cámara Federal de Apelaciones había dictado a su respecto la falta de mérito. Esto, en mi opinión, está mal porque él no había sido sobreseído; al día de hoy entiendo que aún no fue desvinculado, con lo cual el hecho que se imputa continúa siendo ese, porque ese es el objeto procesal que se investiga”, remarcó.
La primera denuncia contra el fiscal Scapolán fue realizada en el 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado, quien tuvo a su cargo la causa y lo procesó por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, la magistrada trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por 2.000 millones de pesos.
Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense y abogados actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.
Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por la Procuración de la Corte Bonaerense, y se dispuso además el embargo del 40 por ciento de su sueldo.
En una resolución del 23 de febrero pasado, en tanto, se decidió someterlo a un jury a partir de ayer con el fin de resolver su remoción del cargo o su absolución.
El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.
Además, lo integran los conjueces legisladores: el senador Juan Pablo Allan (Juntos), el diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), el diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), la senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y la diputada María Eugenia Brizzi (Juntos), junto con los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quien quedó afuera del proceso penal porque aún debe ser sometido a jury.
Anteriormente, la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolán, dictó la falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados al fiscal y confirmó solo el de falsedad ideológica de documentos públicos en relación a un operativo en el caso “Anaconda” o “Leones Blancos”.
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