El ex intendente de La Plata Julio Garro fue imputado formalmente en una causa por corrupción relacionada a desarrollos inmobiliarios irregulares por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N° 16 de la capital provincial.
Garro fue imputado por asociación ilícita, incumplimiento en el deber de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración farudulenta, luego de una denuncia penal radicada desde la gestión del actual intendente de La Plata, Julio Alak.
Junto a Garro fueron imputadas otras siete personas y son investigadas cuatro empresas, bajo la supuesta connivencia de funcionarios de alto rango y entidades privadas en el desarrollo inmobiliario irregular en la periferia de la capital provincial.
Con el aval de la jueza de Garantías Marcela Garmendia en el marco de la IPP N° 06-00-059219-24/00, se practicaron un total de cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyeron el domicilio particular de Garro, los asientos físicos operativos y administrativos de cuatro empresas privadas (LES BAUX Y SERVICIOS S.A.S., BORDOGONI Y CIA. SRL, SOLVIAL CONSTRUCCIONES y AGRYCON S.A.), como así domicilios particulares de empleados municipales y privados.
El procedimiento fue efectuado por personal de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense.
En los registros se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia.
Se confirmaron “muertes en negro” por fentanilo contaminado y ya son 74 los fallecidos bajo investigación
La justicia incorporó 20 casos no registrados en el SISA y avanza sobre posibles fallas en hospitales y responsabilidades penales.
En tanto, se notificó la imputación en la formación de la causa a las ocho personas sindicadas.
Los fundamentos del fiscal
“Al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, aseveró Condomí Alcorta.
“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas / desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos”, continuó.
“Rezonificaban varios barrios en donde no se podía construir. Se hacía una ordenanza especial, se pagaba una plusvalía, con números inflados, con empresas ocupadas por los funcionarios”, asegura una fuente clave en la causa.
La firma de Garro se repite en varios convenios urbanísticos investigados por la Justicia, halladas en los expedientes municipales de estas obras, en los que en la actual gestión sospechó serias irregularidades que motivaron la denuncia.
Garro, según el fiscal “ha plasmado su conducta mediante firmas en los principales documentos que resultaron sumamente necesarios para la concreción del ilícito aquí investigado -convenios urbanísticos”.
Por ejemplo, en un expediente rubricado por el ex jefe comunal platense y una autoridad de la firma Agrycon SA, una obra que tendría un costo de 39 millones de pesos terminaba con una plusvalía total de 77 millones. “No se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto”, objetó Condomí Alcorta en su imputación.
María José Botta y Marcelo Genoro, ex funcionarios de las áreas de Planeamiento Urbano y Obras Viales, también se encuentran entre los investigados.
