Giran la denuncia de Scapolán a los juzgados federales de San Isidro

La denuncia del fiscal destituido Claudio Scapolán, contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez por una causa de coacción agravada que se tramitaba en un juzgado federal de La Plata pasó en las últimas horas a la justicia de San Isidro, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un expediente judicial que se desprendió del juicio político que culminó este lunes en La Plata con el veredicto de destitución a Scapolán a través de un jurado de enjuiciamiento a magistrados y funcionarios judiciales.

Es que en el jury, un testigo de apellido Maidana aseguró que sufrió aprietes por parte de Arroyo Salgado como de Domínguez para declarar en contra de Scapolán en la causa denominada Anacona.

En la causa Anacona se investiga si el fiscal y policías robaron una millonaria suma de dinero y un cargamento de drogas a narcotraficantes.

La denuncia por coacción agravada contra Arroyo Salgado y Domínguez se radicó en el Juzgado Federal del juez Ernesto Kreplak.

El magistrado pidió de inmediato una copia del expediente del jury, pero la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Ana Bourimborde, resolvió remitir ese cuerpo recién culmine el juicio político de Scapolán.

Sin embargo, la fiscal federal de La Plata, Ana Russo, efectuó dos planteos de incompetencias: uno por cuestiones de turno, y otro por territorialidad.

Ante estos planteos, Kreplak se mostró de acuerdo a los planteos de Russo y giró el expediente a los juzgados federales de San Isidro, para que allí continúe la investigación de la denuncia.

Un vocero judicial indicó que como los hechos denunciados sucedieron en San Isidro, la justicia de ese distrito es a la que le corresponde investigar.

Los dichos de la defensa de Scapolán

El abogado del fiscal Scapolán, Luciano Locatelli, afirmó que “Arroyo Salgado y Domínguez escribieron una novela inventada por los Servicios de Inteligencia y por (Elisa) Carrió con el propósito de hacer campaña política contra (Sergio) Massa, y en el medio quedaron funcionarios y personas que no tienen nada que ver. No sólo el fiscal, sino que sus secretarios estuvieron seis meses detenidos”.

Además, el abogado señaló que “la jueza (Arroyo Salgado) debería renunciar a su cargo. No sólo por mal desempeño, sino que ella misma testificó en su defensa que está bajo tratamiento psiquiátrico. Necesita asistencia médica. Todos son narcotraficantes, delincuentes y corruptos, menos ella. Ahora, resulta que la única que inventa causas, inventa testigos y extorsiona policías es ella. Así la apartaron en esta y varias causas en la Cámara Federal de San Martín y lo confirmó la Casación”.

El defensor continuó diciendo que “el juicio penal al fiscal se derrumbó en pleno proceso, a pesar de las trampas que insiste en consumar (Ana María) Bourimborde, de la mano de (Julio) Conte Grand y quienes sostienen esta novela”.

Por su parte, el fiscal Scapolán manifestó: “Soy una víctima de los Servicios y de estos delincuentes. Todo lo que rodea a Arroyo Salgado, Domínguez, Carrió y otros, están vinculados con (Jaime) Stiusso y las peores basuras de nuestro país. La misma jueza admitió en varias oportunidades que la nombraron por pedido de la SIDE. Ante esta declaración, deberían detener esta operación y avanzar en la investigación de estos”.

Qué dijo el testigo en su declaración

Al ser interrogado por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el testigo del allanamiento que dio origen a la causa Anacona expresó que fue víctima de coacción por parte de miembros del Poder Judicial.

“Sobre el procedimiento Anacona acá se escribió que se habían robado la mitad de la droga y eso es mentira. Acá no se robaron ninguna droga ni el personal policial ni yo. Yo me tuve que hacer cargo de cosas que no sucedieron para poder recuperar mi libertad”, manifestó a la vez que agregó: “Recibí presiones y tuve que declarar lo que declaré para poder recuperar mi libertad. Fui coaccionado por una acción judicial. Tenía miedo de morir preso”.

Al ser consultado sobre quién los coaccionó mencionó: “Siempre estuvo presente el fiscal Domínguez y el personal del juzgado, de la fiscalía. Ya estaba todo armado, estaba todo escrito, yo solamente dije que “si” o que “no” a algunas cosas”.

“Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal Domínguez y la Dra. Salgado, a sabiendas de que si no declaraba podía quedar preso un montón de años. Así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad y no quedar detenido”, expresó el testigo en otro pasaje de su declaración.

“A la semana de que yo firmé mi declaración y homologaron el tratado con la Dra. Salgado. Mi nombre, mi apellido, mi cara salieron en todos los medios y a partir de ahí fue una cacería en contra mía. Me quisieron matar, recibí atentados, amenazaron a mi familia, cambié a mis hijos de colegio, tuve que cambiar a mi familia de casa. Pasé un montón de cosas por algo que no sucedió”.