La justicia platense denegó la excarcelación al único detenido en una causa en la que se investiga una millonaria malversación de caudales públicos con fondos de tarjetas de débito de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que habría sido cometida en connivencia con empleados de una estación de servicio de La Plata.
La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia rechazó ayer, pero se informó hoy, el pedido de excarcelación del detenido Walter Cejas, quien está acusado de haber cometido una malversación de fondos públicos con tarjetas débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales, en connivencia con funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
La causa, a cargo del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, se inició con la detención de un empleado de una estación de servicio expendedora de combustibles de la ciudad de La Plata, el 24 de abril pasado, en el marco de un control vehicular.
“La cartera educativa se puso a disposición de la Justicia e intervino el área donde está centrada la investigación, y la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, dictó prisión preventiva al imputado por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública, y le negó la excarcelación”, dijo hoy el fiscal Condomí Alcorta.
El detenido, de 29 años, está identificado como Walter Cejas, y fue apresado el 24 de abril pasado cuando durante un control vehicular de rutina, “se puso nervioso” al requerírsele la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía, y se la cayeron 15 tarjetas de débito y una suma de dinero de 50.000 pesos en efectivo.
El fiscal contó que los efectivos policiales en el control vehicular comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales, y la suma de 50.000 pesos.
Luego se enteraron que el conductor del auto -cuya camioneta es de su propiedad- es empleado de la estación de servicio de 44 y 31, donde justamente se suicidó -el 26 de abril pasado- su encargado general, Maximiliano Normann, de 44 años, por lo que no se descarta que esa muerte esté vinculada con los hechos que se investigan.
Respecto de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, los investigadores sospechan que existan empleados cómplices y las pesquisas se orientaron a quienes emitieron esas tarjetas.
Además, el fiscal cree que puede haber participación de otros playeros de estaciones de servicio que estén dentro del fraude.
“La maniobra data desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial”, concluyó el fiscal.
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