El pedido de elevación a juicio de la causa que se sigue contra dos ex funcionarios municipales de Pergamino, acusados de no controlar las fumigaciones en campos lindantes a la zona urbana, podría marcar un hito en materia de sanciones por el uso indebido de agroquímicos (glifosato).
La solicitud fue planteada por el titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, tras considerar finalizada la etapa de instrucción en la causa contra Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, ex titular y ex auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, durante la gestión del actual intendente Javier Martínez (PRO).
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Se fue la cuarta candidata titular y otras dos integrantes de la nómina de concejales. Una de ellas realizó una grave acusación por una presunta venta de un lugar importante de la lista por 50 mil dólares.
A los exfuncionarios se los acusa de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dado que -según la acusación- “ignoraron la aplicación de la normativa vigente” y permitieron “la fumigación con agroquímicos en campos lindantes a la zona urbana”.
La investigación se inició como un desprendimiento de la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde se investiga a los propietarios de los campos fumigados por contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, como es el caso del glifosato.
El escándalo por el uso de agroquímicos que conmovió a Pergamino
Las numerosas denuncias realizadas por vecinos de Pergamino entre 2015 y 2019, desataron un verdadero escándalo en la localidad.
Además de las acusaciones contra los productores rurales, se sumaron los cuestionamientos a las autoridades municipales por “no controlar las sustancias con las que se fumigaban los campos próximos a la zona urbana, ni la forma en que ello se hacía”, en una manifiesta contradicción con lo establecido por un Decreto Municipal (N°8126/2014), que regula el uso y aplicación de sustancias fitosanitarias.
Las denuncias contra el ingeniero agrónomo Naranjo y el veterinario Tocalini –en sus calidades de auditor y titular de la Dirección de Ambiente Rural- también dan cuenta del aviso realizado por los vecinos y su displicencia para evitar alguna solución. “Se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas” explica el sitio Fiscales.gob.ar.
En base a las pruebas recolectadas, el fiscal Felipe Di Lello entendió que los dos hombres “no cumplieron acabadamente las funciones inherentes a su cargo, esto es, fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza municipal N° 8126/14 y la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.
En sus fundamentos, se los acusa de “no controlar las fumigaciones, algunas en la zona del casco urbano de Pergamino, en incumplimiento con el margen de 100 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal vigente”.
“Esta omisión por parte de los funcionarios, permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo -teniendo en cuenta que aquellas aplicaciones se realizaron a escasos metros de la zona urbana, sin receta agronómica, sin número de registro del aplicador, sin tener en cuenta las condiciones climáticas y vertido glifosato combinado con 2-4-D (producto recientemente prohibido por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires)- debía ser objeto de un efectivo control” agrega en sus apreciaciones.
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La ciudad bonaerense de Pergamino es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia.
A raíz de distintos síntomas que aquejaban a vecinos de la localidad – náuseas, irritación en los ojos y dificultades respiratorias- un grupo de ciudadanos se agruparon y dieron visibilidad a la problemática.
Luego de meses de lucha, consiguieron que la denuncia fuera tomada por el Juzgado Federal de San Nicolás, quien confirmó la presencia de agroquímicos en las napas de agua y en los estudios de sangre de los vecinos del barrio.
Pese a numerosas instancias de apelación, la causa avanzó y hoy está cerca de llegar a la instancia de juicio.
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