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A once años del ataque

Condenan a un ex fiscal por el abuso sexual de una menor de 16 años

El ex fiscal Rubén Rivero fue condenado a 3 años y tres meses de prisión. El abuso sexual ocurrió en Olavarría en 2009 y el autor era funcionario judicial

Un ex fiscal y policía retirado de la Bonaerense fue condenado en las últimas horas por la justicia de Azul, por abuso sexual en perjuicio de una menor de 16 años, un hecho ocurrido en Olavarría en agosto de 2009, informaron fuentes judiciales.

El Juzgado Correccional N° 2 de Azul condenó a 3 años y tres meses de prisión al abogado Rubén Ariel Rivero, actualmente de 52 años, en un juicio oral.

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Rivero fue encontrado culpable de abusar sexualmente a una adolescente de 16 años, a la que había contratado como empleada doméstica en la casa que había alquilado en Olavarría.

Rivero había sido designado como fiscal recientemente y fue denunciado por la menor. La chica contó que sufrió tocamientos en una habitación de la vivienda al ser sorprendida por el funcionario judicial.

El ex fiscal es oriundo de Mar del Plata y vive en la actualidad en La Plata.

A la víctima le fueron tomadas dos declaraciones testimoniales que después fueron incorporadas por lectura a este juicio, proceso donde la joven volvió a brindar su versión de aquellos hechos cometidos por el ex funcionario judicial que la había contratado para desarrollar tareas domésticas.

"El caso sometido a juzgamiento presenta las características propias del accionar que se efectúa de modo clandestino, aprovechando el autor un ámbito de privacidad resguardado de miradas ajenas, tanto para evitar que la víctima pueda recibir una ayuda inmediata de otras personas como para imposibilitar la presencia de testigos directos del hecho", escribió el juez Héctor Torrens en un tramo del fallo.

"Si a ello se suma el modo sorpresivo con el que actuó el imputado sobre ella -tal como claramente la joven contara en el debate- y el ejercicio evidente de una relación de poder -tanto por la condición de fiscal que él puso de manifiesto al referirle su intervención en casos importantes como por la de empleador, sumada a la edad de la damnificada (16 años)-, queda conformada la marcada situación de vulnerabilidad en la que quedó ubicada" la chica.

Un contexto "encuadrable en la significación conceptual amplia de violencia contra la mujer, más aún una adolescente como en este caso", afirmó también el magistrado al aludir a las circunstancias en que este hecho sucediera once años atrás.

La calificación del ilícito por el que el ex funcionario judicial fue condenado también tuvo explicación en el fallo firmado por el juez Correccional Torrens: "Ha existido un acto consumado de abuso sexual simple consistente en tocamientos y aproximaciones corporales con propósito sexual practicados de modo sorpresivo y sin consentimiento de la otra persona, cuyo ámbito de reserva, dignidad y libertad de autodeterminación quedó vulnerado con esa sucesión de maniobras y el abuso intimidatorio de la relación de poder aprovechada por el encausado".

"La ausencia de un tocamiento específico sobre una parte íntima no desplaza la plena configuración típica. En definitiva, el bien jurídico protegido por el artículo 119 del Código Penal -la integridad sexual- fue vulnerado en este caso sometido a enjuiciamiento", sostuvo el titular del Juzgado de Garantías 2.

"La ausencia de antecedentes penales" del ex fiscal fue considerada como una atenuante.

En tanto, como agravantes a la condena que le fuera dictada ayer a Rivero el juez Torrens mencionó las siguientes circunstancias: "La minoría de edad de la víctima al momento del hecho" y "la situación de extrema vulnerabilidad en que fue colocada por el autor a través del aprovechamiento para la comisión del hecho de la doble preeminencia de una indiscutible situación de poder tanto por la condición de fiscal como la de empleador del servicio doméstico que ella prestaba en la vivienda". También, que el encausado en ese entonces era fiscal, situación "demostrativa de una culpabilidad mayor que se relaciona con la función pública que le otorgara al Estado para investigar delitos y garantizar la vigencia de los derechos de las personas, y no para cometer delitos en desmedro de su alta responsabilidad como defensor de los intereses de la sociedad".

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