Política y Economía
Se anunció en diciembre de 2017

El Gobierno creó la SAIT, una secretaría antiterrorista para combatir el “extremismo violento”

Se concretó la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional bajo la orden del jefe interino del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal. Desde que se anunció se generó preocupación ante la estructura y desde distintos sectores alertan sobre persecución de la protesta social.

La resolución PGN 3544/17 que lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, se publicó en diciembre de 2017 y anunciaba la creación de una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional. Finalmente se concretó bajo el nombre de Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT).

Desde que se anunció, la secretaría tuvo amplia resistencia de varios sectores sociales a pesar que desde la misma Procuración se sostuvo que no se apunta a hechos locales. Sucede que no existen causas vinculadas a actos terroristas, salvo el atentado a la Embajada de Israel de 1992, en el que el propio Casal es fiscal ante la Corte.

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En este sentido, la legisladora porteña Myriam Bregman sostuvo que la resolución es un intento de avanzar a tono con las políticas antiterroristas de Estados Unidos. Y agregó: “cuando en 2016 se trató la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EEUU y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) también lanzaron la luz de alerta tras conocerse la resolución el año pasado: “Quieren crear una nueva estructura dedicada al ‘terrorismo’ en el Ministerio Público Fiscal. Sabemos contra quien la van a utilizar, ¡Basta de criminalizar la protesta social!”, advirtieron.

A pesar de la polémica, se creó la Secretaría que funcionará dentro de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “en atención a la especialidad de la materia y a la circunstancia de que dicha área ha intervenido en las causas relativas a los atentados terroristas sufridos en territorio de la República, ya sea representando a este Ministerio Público en el proceso de jurisdicción originaria que tiene por objeto el atentado a la Embajada de Israel, o bien en la última etapa recursiva de las causas vinculadas al ataque a la sede de la AMIA, a lo que se agrega la colaboración con la Unidad Fiscal especialmente creada para su investigación, en razón de los numerosos puntos de contacto objetivos y subjetivos existentes entre ambos atentados”, versa la resolución.

El Gobierno busca, entonces, combatir el terrorismo internacional y el “extremismo violento”, y sostiene que la “resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace explícito el vínculo entre extremismo violento y el terrorismo, reconoce la necesidad de su prevención y recalca que tales medidas estén en consonancia con las normas internacionales”.

La estructura funcionará “como usina generadora de procedimientos eficaces con miras al fortalecimiento de una estrategia integrada de prevención y persecución contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.

Desde el ministerio se destaca la creación de una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional para dotar al Ministerio Público Fiscal de la Nación de las herramientas necesarias para un abordaje integral del extremismo violento que conduce al terrorismo internacional y socava la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos, sin que ningún país sea ajeno a ello”.

El propio Gobierno niega la persecución local y señala que “se propiciará una plataforma institucional y normativa, acorde con los estándares internacionales, que evite la “criminalización de la protesta” y se adoptarán reglas de juego claras que evitarán la confusión de conceptos y regularán la actuación de los actores estatales en consonancia con las obligaciones y los límites impuestos por nuestra constitución nacional y el imperio de la ley”.

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