Las causas judiciales que la tienen como protagonista siguen ocupando un nutrido espacio en la agenda de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien esta mañana pidió a la Justicia que confirme la decisión de cerrar por inexistencia de delito, con sobreseimientos y sin juicio oral, la llamada causa “Hotesur-Los Sauces”.
La dos veces exmandataria y sus hijos, Máximo y Florencia, lo hicieron a través de su defensa, ejercida por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante la Cámara Federal de Casación en “breves notas” presentadas por escrito ante la sala I del máximo tribunal penal.
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Los letrados le soilcitaron a la Cámara que se rechace el recurso de apelación de la fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a todos los imputados, según el texto de 62 carillas, informó la agencia Télam. “Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, dijeron.
Uno de los pasajes explicita el pedido de que “se confirme la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de nuestros representados, por inexistencia de delito”, a poco de iniciar la última audiencia en la cual los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa escucharán a las partes que pidieron exponer de manera oral, antes de tomar una decisión.
“Concretamente, nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa Los Sauces, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias”, remarcaron los abogados.
Para Cristina Kirchner y su familia, esta “prueba nueva también permitió constatar que los hechos” no satisfacen “las exigencias típicas requeridas por el tipo penal previsto en el art. 303 del Código Penal”, el lavado de activos, al tiempo que señalaron que los argumentos del Ministerio Público Fiscal “carecen de todo sustento lógico y jurídico y, por ende, deben ser desestimados”.
“Si se tiene en cuenta que todo el dinero aplicado a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y,además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos”, concluyeron los defensores.
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