Atentado a Cristina Kirchner: La Cámara Federal apura el juicio oral

A poco más de seis meses del atentado fallido contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Cámara Federal porteña intenta apurar el juicio oral contra Fernado Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

En un escrito, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a elevar la causa a juicio oral sobre el círculo que encabeza Sabag Montiel, el autor material del atentado.

Junto a su supuesta novia, Brenda Uliarte, se encuentran procesados como coautores materiales de la tentativa de homicidio agravado de la vicepresidenta; mientras que el jefe de la "banda de los copitos", Carrizo fue procesado como partícipe secundario.

La Cámara Federal, a su vez, rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Carrizo, el abogado Gastón Marano -hasta hace poco asesor de la Bicameral de Inteligencia, a instancias del senador de JxC, Ignacio Torres-.

“Instar a la jueza que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, sostuvieron los jueces Bruglia y Bertuzzi.

Mientras que Llorrens manifestó que “más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva".

Y añadió: "Por lo que al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”.

De concretarse el pedido de elevación a juicio oral y público, la Justicia federal dejaría por fuera de la investigación a los posibles autores intelectuales del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

En distintas oportunidades, los defensores de Cristina Kirchner, en su carácter de querellantes solicitaron distintas medidas de prueba para avanzar en esa dirección, como el seguimiento de la pista que involucraba al diputado Gerardo Milman, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir que "cuando la maten yo voy a estar en la Costa".

La declaración de Milman había sido realizada en un bar frente al Congreso hacia dos de sus asesoras, dos días antes del atentado. En efecto, se comprobó que el diputado estuvo en el lugar señalado por el testigo, así como que Milman viajó a Pinamar el viernes 2 de septiembre de 2022.

La pista Milman se sostenía además en un proyecto presentado por el diputado dos semanas antes del atentado, en el que indicaba: "No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”.

El intento de asesinato contra Cristina Kirchner ocurrió el 1 de septiembre pasado frente a la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, en donde hacía varios días cuna multitud de militantes le expresaba su respaldo en medio de las acusaciones del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, por la cual más tarde fue inhabilitada a ejercer cargos públicos.

En noviembre de ese año, ante el lento avance de la causa por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti -quien delegó luego la investigación en el fiscal Carlos Rívolo-, Cristina Kirchner aseguró: "Yo con la Justicia me resigne porque no va a investigar nada, me quieren de victimaria no de víctima".

La declaración de la vicepresidenta se dio en el marco de un acto de la UOM, tras conocerse que la familia del ex secretario de Finanzas, Luis Caputo, había financiado al líder del grupo Revolución Federal, Jonathan Moriel, el grupo de violentos que realizó escraches a dirigentes del kirchnerismo en los meses previos al atentado y que son investigados en una causa paralela al atentado.