

El titular de la UFI n° 11, Álvaro Garganta, clausuró el sumario de instrucción tras denegar varios pedidos de pruebas de las defensas de los imputados. Ahora el fiscal general Héctor Vogliolo debe revisar la causa y definir si el fiscal actuó con pertinencia. Si fuera así, queda allanado el camino para que el exgobernador y su excírculo íntimo pidan el sobreseimiento, o afronten un juicio oral. Desde el entorno de Scioli evaluaron como positiva la resolución judicial
El fiscal platense Álvaro Garganta clausuró en las últimas horas el sumario de instrucción en el que investiga el presunto manejo irregular de fondos millonarios por parte del exgobernador bonaerense Daniel Scioli, y de varios de sus exministros y exsubsecretarios, informaron fuentes judiciales a INFOCIELO.
Un vocero de la UFI n° 11 detalló a este portal que Garganta denegó el pedido de más pruebas por parte de la defensa de los imputados, por considerarlas innecesarias, y por lo tanto se hizo necesario clausurar el sumario.
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Ahora, los representantes legales de Scioli y del resto de los acusados tienen el derecho de pedir la revisión del expediente ante el Fiscal General Héctor Vogliolo.
Si Vogliolo considera como Garganta que el pedido de más pruebas son innecesarias, el titular de la UFI n° 11 estará en condiciones de pedir la elevación a juicio de la causa o el sobreseimiento.
Desde la Fiscalía consideran que el recurrente pedido de la defensa de incluir más pruebas en la instrucción cumple el objetivo de postergar el inicio del juicio.
Cabe destacar que el fiscal y su equipo de instructores tienen como principal imputado a Scioli, luego de que todos los procesados fueron indagados, entre ellos el exministro de Salud Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller.
Scioli está imputado por el delito de lavado de dinero luego de una denuncia presentada en la UFI n° 11 en junio de 2016 por la legisladora Elisa Carrió. Desde el entorno del ex Gobernador, sin embargo, aclaran que la decisión de la Justicia, lejos de complicar la situación procesal del ex motonauta, lo exculpa de una serie de acusaciones que la justicia desestimó en su momento, por lo que quedaría la instancia en lo referido a la construcción de las denominadas UPA –Unidad de Pronta Atención-
Para el fiscal existieron anomalías en al menos nueve adjudicaciones de obras públicas para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención y en la ampliación de una de esas edificaciones, que involucró un monto de unos 117 millones de pesos.
En las obras detalladas el beneficiario fue la empresa Miller Building International SA., cuyo titular es Ricardo Miller, de fuertes vínculos con Scioli. “Al parecer el desde el Estado abonaban anticipos millonarios a las empresas y esos montos eran retornos para gastos políticos”, explicó uno de los instructores.
La lectura desde el sciolismo, sin embargo, contrasta con esa posición. Según explicaron fuentes allegadas a Daniel Scioli a este portal, la situación procesal del ex mandatario se vería beneficiada por la posición que dejó sentada en el expediente la Fiscalía de Estado en la última audiencia: avaló el procedimiento, y descartó –remarcan- que “no hubo perjuicio” a las arcas públicas toda vez que los precios encuadran “en los valores del mercado”.
Además de los mencionados, están complicados con la justicia los exministros Alberto Pérez, Eduardo Aparicio y Alejandro Collia , el extitular de IOMA, Antonio La Scaleia y el ex Director General de Administración de Jefatura de Ganinete, Walter Carbone, entre otros exfuncionarios.
Sin haber sido citado a indagatoria en otra serie de acusaciones formuladas por la dirigente oficialista Elisa Carrió, desde el entorno del ex mandatario explicaron que, en realidad, esa decisión cierra el camino judicial para la investigación de la mayoría de las causas y deja abierta sólo la vinculada a la presunta estafa vinculada a la obra de los UPA.
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