Política y Economía
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Polémica entre la Procuración General y organismos de DDHH por las cifras de la violencia institucional

Desde CORREPI salieron a contestarle al Procurador general que negó un “crecimiento de los delitos de violencia institucional” en territorio bonaerense.

La masacre de San Miguel del Monte, donde perdieron la vida cuatro jóvenes por la acción directa de la Policía bonaerense, volvió a poner en foco la cuestión de la violencia institucional.

Ayer, el Procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dijo que “por el momento” no ha habido “ninguna cuestión significativa en términos de crecimiento estadístico de los delitos de violencia institucional”.

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Las declaraciones del jefe de los fiscales en la provincia desataron una respuesta inmediata de los organismos de Derechos Humanos. Sucede que en sólo 24 días, se dieron 26 casos de gatillo fácil en todo el país y enfocándonos precisamente en territorio bonaerense, en solo una semana la sociedad se conmovió con la muerte de los cuatro jóvenes de San Miguel del Monte y el asesinato a manos de la policía de Diego Cagliero (30).

“La estructura de registro de violencia institucional nos permitió llevar al detalle la evolución de este tipo de ilícitos y los datos demuestran una disminución estadística”, aseguró Conte Grand en diálogo con FM CIELO (103.5).

Sus palabras tuvieron un fuerte eco en la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que año a año elabora un minucioso informe que detalla los casos de gatillo fácil y muertes a mano del Estado.

Para la organización, el gobierno de Mauricio Macri es el que más aceleró esas muertes y las estadísticas asombran: hasta 2018 ya se contabilizaban más de 1300 muertes en casi cuatro años de gestión, lo que equivale a un muerto por gatillo fácil cada 21 horas.

“Hay más muertes que días de gestión. Para nosotros el gatillo fácil es un fusilamiento”, le dijo a INFOCIELO, Ismael Jalil, referente de la CORREPI.

Pero, las estadísticas en la Provincia tampoco favorecen a la gestión provincial. Los incendios evitables ocurridos en las comisarías de Pergamino (en donde murieron 7 jóvenes el pasado 2 de marzo de 2017) y la de Esteban Echeverría (la mayor “masacre” de las comisarías del país con 10 muertos), pusieron en tela de juicio el accionar policial dentro de las dependencias policiales.

Masacre de Monte: Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14) y Danilo Sansone (13), y Camila López (13)

Sin embargo, los casos de gatillo fácil se dieron de forma cada vez más brutales y terminaron por conmocionar a todos los bonaerenses luego de que el pasado 18 de mayo, cuatro jóvenes fueran perseguidos a balazos por la policía de San Miguel del Monte y terminaran muertos en un accidente.

Casi sin dar respiros, en la misma semana, otro joven caería por las balas de la bonaerense: Diego Cagliero era un músico que se dirigía con sus amigos a la plaza de su localidad en Tres de Febrero, cuando un gran operativo rodeó su camioneta y les dispararon a pesar de haber salido de ella con las manos en alto. Las cámaras de seguridad comprobaron eso.

Mientras tanto, según CORREPI, el 30 por ciento de los uniformados en la provincia están sumariados y se calcula que son alrededor de 27 mil policías.

Para las organizaciones de Derechos Humanos, la denominada “Doctrina Chocobar” que alienta el gobierno nacional y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, “recrudecieron” la represión interna en el país y la provincia.

En especial, luego de la resolución 956/2018, en el cual se permite disparar a quemarropa frente a “peligro inminente”, poniendo a cualquier persona en potencial víctima según la subjetividad del policía.

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