Mientras el Gobierno del presidente Alberto Fernández y el de la Ciudad atraviesan una disputa política en el ámbito judicial por la suspensión de las clases presenciales, este miércoles deberán concurrir ante la Corte Suprema de Justicia a raíz del litigio que inició la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la transferencia de fondos de coparticipación que dispuso el Ejecutivo Nacional hacia las arcas de la provincia de Buenos Aires.
El encuentro será a partir de las 11 con la presencia de los abogados de las partes y el encargado de esa área del máximo tribunal. Allí, el Gobierno de Rodríguez Larreta mostrará su postura contra la decisión de Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad y transferirlo a la provincia de Buenos Aires.
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La medida dispuesta por el Ejecutivo Nacional fue respaldada por el Congreso el año pasado tras debatir y sancionar una ley que eliminó ese excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le había cedido, por decreto, al Gobierno porteño en el 2016.
Con la presentación judicial realizada por la administración porteña, ahora el Gobierno nacional tendrá dos meses para responder ante la Corte Suprema.
El conflicto que comenzó a implosionar la relación entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta estalló en septiembre cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte una demanda, que “promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar” en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Ese aumento en el porcentaje había sido asignado a la Ciudad en 2016 por Macri, vía decreto, para financiar los costos del traspaso de la Policía Federal.
No obstante, en diciembre el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito” fue aprobado en Diputados con 129 votos a favor, 115 en contra, 7 abstenciones y cinco ausentes. El dato llamativo es que 35 de los 70 diputados que tiene la provincia de Buenos Aires no acompañaron.
En este marco, la audiencia en la Corte de este miércoles fue convocada en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.
Ese artículo establece además que en cualquier momento “podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación”. A su vez, el Poder Judicial tiene la facultad de “proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria”.
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