Política y Economía Municipios
CONFLICTO DE INTERESES

Derogan un convenio con un barrio privado que beneficiaba al Pte. del Concejo de San Nicolás

El Concejo Deliberante local derogó un convenio que beneficiaba exclusivamente al concejal de Juntos por el Cambio, Sergio Ponce. El resto de sus vecinos y el de toda la población de San Nicolás, se vio afectada por aumentos que superan el 100% en tasas municipales.

En una sesión que atravesó momentos de pura tensión, el HCD de San Nicolás aprobó eliminar un convenio especial que tenía un barrio privado de la ciudad. Entre los beneficiados estaba el presidente del recinto, el concejal de Juntos por el Cambio, Sergio Ponce, quien tuvo que exponerse a los insultos de varios vecinos que acudieron a la sesión.

La polémica pasaba en que, a fines del año pasado, el intendente Manuel Passaglia anunció un aumento de tasas del 100%, aunque las mismas terminarían excluyendo a un 20 por ciento de la población. Pero el caso de Ponce trascendió con más ímpetu, ya que los propios vecinos del barrio privado Costa Juncal, estaban afectados al aumento de las tasas municipales a pesar de que allí el servicio de barrido y limpieza lo realiza una empresa particular. 

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Eso generó una lluvia de cautelares de vecinos indignados por un aumento que llegó a ser de 1.500 pesos de tasas. Cuando se supo que el propio presidente del HCD de San Nicolás era uno de los pocos privilegiados, el tema rozó el mote de escándalo. De todas formas, en el mismo vecinderio viven otros dos concejales de la localidad: Daniel Luchelli (de Juntos por el Cambio) y María Florencia Vázquez (del Frente de Todos).

Mientras que el primero se ausentó de la votación, Vázquez se abstuvo cuando se decidía la eliminación del convenio en el barrio privado. 

En efecto, esta mañana Ponce quedó en el centro de todas las miradas cuando en la sesión se recordó que el concejal oficialista pagaba tan solo $400 de la misma tasa, a pesar de vivir en un barrio residencial.

Hasta entonces, el gobierno de Passaglia había trascendido una versión que no ayudó a calmar los ánimos. Según se supo, el gobierno justificaba el aumento de más del 100% ante la reforma impositiva que encabezó el gobernador Axel Kicillof.

Pero, más tarde se supo que en realidad el municipio lo había aprobado antes de que el por entonces flamante mandatario decida presentar el tan resistido proyecto a la Legislatura.

El resumen: los vecinos sannicoleños estallaron de la indignación luego de que se supiera que el gobierno municipal beneficiaba sin tapujos a uno de los suyos.

LOS PASSAGLIAS, ALLANADOS

A todo se le debe agregar que la sesión local se dio en el marco de otra noticia de impacto político: ayer, la policía federal realizó varios allanamientos a algunos domicilios a nombre de los Passaglia, luego de que el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, lo ordenara. La Justicia está detrás de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la función pública.

La investigación es llevada a cabo por el fiscal federal Matías Di Lello y se originó mediante el testimonio de una persona que prefirió reservar su identidad a partir de que se constatara el enorme patrimonio que ostenta la familia.

En la denuncia “se puso en conocimiento que Ismael José Passaglia, Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, Manuel Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia, podrían haber realizado diferentes hechos calificables dentro de las previsiones establecidas por el artículo 268 (2) párrafos 1 y 2 (enriquecimiento ilícito) y artículo 303 (lavado de activos), todos del Código Penal”, se lee en la causa.

La investigación de Di Lello fue resistida por la Justicia Federal, tal es así que, de no haber mediado la Cámara Federal de Rosario, con competencia sobre San Nicolás, posiblemente hoy estaría archivada. En el medio, se generó una causa paralela por “resistencia a la autoridad”, a partir de que el Intendente impidiera que se llevara a cabo un allanamiento en la municipalidad, en 2013.

Finalmente, los Passaglia cambiaron la actitud este año, cuando pusieron sus inmuebles a disposición de la Justicia para que se llevaran a cabo los operativos que se consideraran pertinentes, no sin antes cuestionar al fiscal Di Lello.

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