

Tras la polémica por los datos del CENSO, intendentes del PRO piden a Axel Kicillof una "mesa de diálogo" para acordar la compensación de fondos.
Intendentes bonaerenses del PRO se alinearon a la presentación del distrito de Tres de Febrero y exigen una compensación económica por las pérdidas ocasionadas por un supuesto fraude en las estadísticas poblacionales de La Matanza a partir de los datos aportados en el CENSO 2010 por el distrito más populoso de la provincia.
Según los datos dados a conocer por el titular del INDEC, Marco Lavagna, La Matanza contabilizó 1.837.774 de habitantes en 2022 una cifra que sería sensiblemente inferior a la proyección estimada a partir de los datos del 2010. Si a comienzos de la década pasada había 1.775.816 personas, la cantidad de habitantes debió rondar en más de 2.3 millones de personas. El número de habitantes, es la principal variable que se toma para establecer los montos que a cada distrito le corresponden en materia de coparticipación provincial a través del Código Único de Distribución (CUD).
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El tema fue uno de los puntos analizados durante la cumbre del PRO realizada este fin de semana en Olavarría. En ese marco, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Ezequiel Galli (Olavarría) oficiaron de voceros de los alcaldes.
“Hubo una carta de la intendencia de Tres de Febrero que presentó Diego Valenzuela a la cuál adherimos todos. Todas las intendencias hemos sido perjudicadas en este periodo por el problema que hubo con el Censo del 2010 en La Matanza y que afectó los diez años siguientes. Son cifras realmente muy importantes y vamos a ver de qué forma se encuentra una compensación a eso” afirmó Néstor Grindetti, uno de los anotados a la carrera de candidatos a la gobernación.
En el caso puntual de Lanús, afirmó que las pérdidas económicas ascienden a los dos mil millones de pesos. “Hay que encontrar una solución que no vaya en detrimento de otros municipios. No hay que hacer la que pretende el kirchnerismo a nivel nacional que es nos peleemos entre distritos por los recursos. Estos recursos tienen que salir claramente de la Provincia” lanzó.
Consultados sobre los caminos para la resolución del conflicto, los intendentes del PRO se refirieron a las acciones judiciales y políticas.
“Presentación judicial ya hubo y la solución política la herramienta la tiene el gobernador para abrir una mesa de diálogo y empezar a discutir cual fue la falla” advirtió el Jefe Comunal de Olavarría, Ezequiel Galli. Junto a ellos, algunos alcaldes como el propio Darío Valenzuela reclamaron por una inmediata modificación del CUD.
“En Olavarría son 800 millones de pesos de pérdida contra un solo municipio que recibió más de 80 mil millones que no tenía que haber recibido. Estamos todos muy preocupados porque por otro lado vemos que la provincia sigue recibiendo fondos no coparticipables de la nación indiscriminadamente que no llegan a los municipios. Son decisiones que toma el gobernador que la hora llegar a los municipios lo fondos llegan a cuentagotas y tarde. Estamos muy preocupados con la gestión de la provincia en muchos aspectos” advirtió.
Si bien reconoció que Axel Kicillof no era el gobernador en 2010 cuando se tomaron los datos censales consideró que la Provincia debe “buscar una herramienta en la que nadie salga perjudicado pero si compensar y redistribuir esos fondos que fueron mal distribuidos” concluyó Galli.
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