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El día que el fiscal de Casación admitió que la recomendación de Conte Grand no segmenta delitos leves y graves

Carlos Altuve, que depende orgánicamente del Procurador General, dijo que tanto al recurso de la Cámara como a las “recomendaciones” del Ministerio Público les faltan “precisiones”.

El circulo que demarca la responsabilidad del procurador general Julio Conte Grand como artífice de la crisis política devenida de la liberación de presos por la pandemia COVID 19, se cierra cada vez más. El fin de semana, INFOCIELO mostró los documentos que señalan sin margen de dudas que fue el Jefe de los Fiscales quien abogó por otorgar beneficios procesales sin distinguir por la gravedad del delito que purga el detenido.

También el fiscal de Casación, Carlos Altuve -que es crítico de la política de liberar presos para evitar el contagio dentro de los penales, o, más bien, de la manera en la que se implementó-, confirmó que las “recomendaciones” de Conte Grand no segmentaban por “calidad” del delito.

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Fue el último jueves, durante una conversación telefónica con “Todo no se puede”, el ciclo radial que conducen Albino Aguirre y Jorge Peroni, en el aire de LA CIELO FM. Allí, Altuve dijo que comparte “el espíritu de este tipo de resoluciones”, siempre y cuando estén “dentro de los parámetros legales, y que esas medidas no sean adoptadas indsicriminadamente”.

En ese sentido, cuestionó una serie de puntos del fallo del Tribunal de Casación, que impugnó ante la Suprema Corte bonaerense. Es que, aseguró, el documento no determina “con precisión qué delitos estarían alcanzados” y señala que “la sola circunstancia de tratarse de persona en situación de riesgo autoriza a morigerar la prisión preventiva”. Además, cuesitona que no se aplique “la ley de las víctimas”.

Altuve reclamó que “se hubieran puesto parámetros de penas y expectativas, porque la distinción entre delitos leves y graves es opinable” y que “el solo pertenecer a un grupo de riesgo, por la edad por ejemplo, no puede ser tenido como válido para otorgar una morigeraicón”, sino que, por el contrario, “tienen que darse otras circunstancias, probadas en el expediente, de que la persona está en peligro”.

Pero dijo más. Altuve admitió que las recomendaciones emanadas del Ministerio Público, específicamente del procurador General, Julio Conte Grand, son todavía más imprecisas, porque no distinguen entre “delitos graves” y “delitos leves”, como si hace la resolución que firmó el juez Victor Violini.

Y afirmó que, si bien “la tiene en cuenta”, también tiene su “opinión, sobre lo que considero que puede ser más perjudicial: un arresto domiciliario o una situacion en la que el interno corra riesgo dentro del penal”.

“Yo le presto atención a las recomendaciones. A partir de estas resoluciones que saca el Procurador General, el resto del Ministerio Público se maneja dentro de los criterios que considera adecuedados”, insistió el funcionario judicial.

“Es mi opinión, es así y así se lo hago saber a la Corte. Después, si me dicen que no tengo razón, no tendré razón. Estoy de acuerdo con el espíritu que guió la resolución, el pedido de los hábeas corpus. El Procurador General se hizo eco de eso y dictó instrucciones a ese respecto”, remató.

 

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