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torturas en las cárceles

Duro revés de la Cámara de Apelaciones de La Plata contra Conte Grand y Ferrari

Es por el caso del Defensor Oficial que ingresó a un penal para documentar las torturas contra una interna trans. El Tribunal anuló una resolución en primera instancia e instó al Gobierno a no interferir con el trabajo de entidades que trabajan por los Derechos Humanos en cárceles.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata anuló ayer una resolución del Juez de Garantías Guillermo Atencio, en el marco de una causa iniciada por la denuncia del Secretario de Política Criminal de la Procuración General contra el Defensor de Casación, Mario Coriolano, con motivo de una visita realizada a una detenida que había sido víctima de torturas.

El fallo tiene efectos jurídicos pero también políticos, toda vez que constituye un verdadero revés para el ministro de Justicia y responsable del Servicio Penitenciario, Gustavo Ferrari, y para el procurador general Julio Conte Grand, que promovieron acciones contra Coriolano, quien buscaba documentar y visibilizar la situación de una interna trans de 36 años, portadora de HIV, que sufrió malos tratos en un penal bonaerense, que le provocaron trastornos graves e irreversibles en su estado de salud. 

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Por esa intervención, el titular del SPB, Xavier Areses, le formuló una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Corte, atribuyéndole al Defensor haber entrevistado a la detenida “sin autorización”, pero, como la presentación no prosperó en ese ámbito, Francisco Pont Vergés, el número dos de la procuración, la convirtió en un disparador para iniciar un expediente disciplinario contra Coriolano. Pero, además, instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15 de la Capital bonaerense.

Las acciones de el Ministerio de Justicia y de la Procuración fueron advertidas por el presidente de la Suprema Corte a comienzos de septiembre. Eduardo De Lázzari ordenó entonces  una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura.

El fallo de Cámara se mueve en ese sentido: advierte sobre la trascendencia institucional de la causa al señalar que podría afectar no solo a la Defensa Pública sino también la intervención de los organismos de Derechos Humanos “en tanto la persona que se quiere procesar penalmente resulta ser el Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires” quien, aclara, “concurrió a la Unidad Penitenciaria N° 22 en su carácter de tal y como integrante del Sistema Nacional de Prevención de Torturas”.

Y remarca que “el proceso penal llevado adelante contra el Defensor Oficial, comprometido con la defensa de los derechos humanos, por querer documentar un estado de cosas –por cierto sumamente graves- en el oscurantismo de una cárcel, asoma francamente como desmedido”. 

El juez Atencio también fue reprendido por los Camaristas, que objetaron la nulidad de la desestimación de la denuncia que en su momento realizara el fiscal Martini, y validara la intervención del fiscal general en un sentido opuesto. Por eso, la Cámara resolvió disponer la nulidad de la resolución de Atencio del Juez de Garantías, Dr. Atencio y la del Fiscal de Cámaras, Dr. Vogliolo, dejando incólume la desestimación de la denuncia contra el Defensor de Casación por no constituir delito.

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