Tras la publicación del informe de la UCALP que señala que en el Gran La Plata hay 261 asentamientos en donde residen más de 200 mil personas con sumas deficiencias, tanto desde el Municipio de La Plata, como desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional analizaron los datos revelados.
En el informe, desde el Observatorio señalan que los asentamientos preexistantes en La Plata, Berisso y Ensenada ahora “crecen en terrenos colindantes, familias que en un mismo terreno subdividen para construir otro hogar y barrios que crecen en altura sobre el cinturón mas urbanizado”.
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En diálogo con Infocielo, la secretaria de Planeamiento Urbano de La Plata, María Botta, y el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, analizaron la situación existente en la capital provincial y cuáles serían las posibles soluciones.
Desde La Plata piden “celeridad” en los trámites urbanos
Por su parte, la funcionaria local destacó el informe de la UCALP, pero pidió “contar la película completa” en relación a un crecimiento sostenido de los barrios populares en la ciudad desde 1950.
“Hay una base de datos oficial y estos barrios que se registran (en el RENABAP) no se pueden desalojar y se fueron instalando cada vez más familias, con situaciones precarias de registro. El ejemplo es lo que paso en Planeadores, que es a gran escala, pero es lo que se viene desarrollando”, postuló.
Por eso, precisó que el proceso de urbanización de los barrios es extenso y complejo por la envergadura de las obras que se deben realizar, además de los análisis previos de desagües, luminarias, conectividad, entre otras.
“En los últimos dos años se habilitaron mil hectáreas, ya tenemos obras en ejecución, pero primero hay que hacer esas obras para garantizar que haya servicios. Dispusimos que cada desarrollador privado ceda predios para uso público, y la plusvalía urbana que obtiene, que no estaba bien regulada se reglamentó para que permita destinarse a obras de infraestructura”, aseveró.
Uno de los pedidos más urgentes que realizan desde el Municipio tiene que ver con la “celeridad” en la salida de expedientes relacionados con la Ley de Hábitat vigente, y un veloz intercambio entre los distintos niveles del Estado.
“Con la Ley de Hábitat generamos lotes sociales, cada desarrollo privado tiene que ceder un 15% y con el Banco de Tierras vamos a administrarlos a partir del registro que tenemos de las familias y podremos hacer una venta blanda en función de sus necesidades”, aseguró.
En la Nación ponen el foco en el “ordenamiento territorial”
Por su parte, el funcionario nacional y vecino de La Plata, Luciano Scatolini, marcó que el demoledor informe de la UCALP “pone en evidencia la realidad, que no desconocíamos, pero duele”, debido a las fuertes desigualdades sociales.
“Hay muchos trabajos que mostraron una decadencia que tuvo la ciudad en materia de planificación y organización cuando el Estado no ordena y no regula. Hay dos caminos: el de los poderosos que se nuclean en guetos o barrios cerrados; y los que no pueden y quedan en la informalidad, en conflicto vecinal, ambiental, de seguridad”, postuló.
Para el funcionario, la mejor herramienta para poder poner fin a este drama es hacer un ordenamiento territorial y de uso del suelo. “La manera que en que se organiza es generando la redistribución de la renta urbana, que aporten para que tengan condiciones de vida mejores, porque la ciudad de La Plata avanza con barrios cerrados que son la contracara de estos otros”, postuló.
Respecto de la celeridad en el intercambio que reclama la comuna platense, Scatolini destacó que se abriera una “ventanilla única” entre Municipio y Nación para resolver los trámites relacionados con el PROCREAR, que alcanzó a unas 3 mil familias de la capital, algo que también valoró Botta.
“La problemática tiene dos cuestiones: una preventiva y otra que es resolver lo existente”, marcó el funcionario. En primer lugar, propuso catalogar los vacíos urbanos, describir qué usos potenciales tienen y cuáles son las asociaciones público-privadas que se podrían llevar adelante en ellos, lo que mejoraría la oferta de suelo.
En el segundo punto, si el barrio tiene un origen relacionado con un hecho delictivo, como una toma, tiene que intervenir la Justicia, mientras que, en los legítimos, pero con una situación deficitaria, es el Estado el que tiene que acercar soluciones y poner la lupa barrio por barrio.
Así las cosas, mientras el tiempo pasa, hay 7 de cada 10 asentamientos que requieren de manera urgente mayor integración y desarrollo; 9 de cada 10 no tiene bocas de desagüe y 9 de cada 10 que no tiene cloacas, donde residen más de 68.800 menores de 19 años.
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