Contra la evasión

Arba y la Procuración de la Provincia trabajaran para combatir delitos tributarios

Los organismos rubricaron un proyecto que busca dotar de calidad la tarea contra los delitos vinculados a la evasión tributaria. “Es un punto de partida para profundizar el trabajo conjunto y desarrollar un plan que genere mayor eficiencia”, advirtió el responsable de ARBA.

 

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Gastón Fossati, y el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte - Grand, firmaron un acuerdo destinado a fortalecer y agilizar el combate frente a los delitos establecidos en el nuevo régimen penal tributario (Ley Nacional N° 27.430).

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Al respecto, el responsable de ARBA explicó que “el convenio es un punto de partida para profundizar el trabajo conjunto y desarrollar un plan que genere mayor eficiencia tanto en la gestión administrativa como en la investigación judicial de los delitos que se cometen contra el fisco provincial”.

A su vez, el funcionario de María Eugenia Vidal resaltó que “para lograr avances concretos a la hora de detectar, investigar y sancionar los casos de evasión y apropiación indebida de tributos, acordamos brindar una capacitación especial a agentes fiscales, forenses y personal administrativo de ambos organismos, de manera de garantizar una labor altamente profesional que sea eficaz para el Estado”.

En este sentido, la Agencia liderada por Fossati puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos que redefinió sus procedimientos en la búsqueda de dotar de agilización y fluidez las denuncias por delitos tributarios. De esta forma, es a través de un cronograma de trabajo que se hace foco en la equidad y transparencia.

El convenio entre los entes públicos promueve el uso de herramientas digitales y proyecta el intercambio de información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculado a personas físicas y jurídicas que se encuentren sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal. Finalmente, el acuerdo crea un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios.

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