La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Oficina Anticorrupción a los titulares del organismo durante la gestión de Mauricio Macri, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, porque en su administración había profesionales contratados que tenían incompatibilidad de funciones.
Se trata de cinco abogados que fueron contratados durante tres años y medio, entre el 15 de junio de 2016 y el 12 de diciembre de 2019, por un monto total de 16 millones de pesos. Según la AFIP, los letrados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Reussi, Alejandro Carrió, Juan Antonio Ávila y Tomás Farini Dugann “realizaron trabajos incompatibles, tanto en el sector público como en la actividad privada, con las funciones que desempeñaban en la AFIP”.
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Una de las irregularidades detectadas fue que los mismos estaban “de los dos lados del mostrador”: defendían a contribuyentes mientras trabajaban en la AFIP, sin resignar los honorarios pagados por el organismo ni su beneficio previsional, cobrados de manera simultánea. Por ese motivo, la AFIP solicitó que se declare la nulidad de las contrataciones y que se recupere el perjuicio fiscal. También pidieron la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y el deslinde responsabilidades.
La denuncia ante la Oficina Anticorrupción incluye las carátulas de abuso de autoridad, inclumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, servicios y negociaciones incompatibles con la función pública por las autoridades intervinientes.
Uno por uno, quiénes son los abogados denunciados por la AFIP y qué hacían
Según la denuncia de la AFIP, a la que pudo acceder este medio, éstos son los funcionarios con incompatibilidades y los motivos por el cual el organismo decidió denunciarlos.
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra
- Percibió ingresos de forma simultánea por contratos de locaciones de servicios de la AFIP y de la Tesorería de la Provincia de Jujuy.
- Se desempeñaba bajo la modalidad “ad honorem” en el Ministerio de Justicia de la Nación y era abogado defensor de un imputado (Ricardo Lona) en el marco de causas penales por delitos de lesa humanidad en la que el Estado Nacional era parte querellante (a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Simultáneamente fue contratado por la AFIP para la prestación de servicios profesionales.
- Patrocinaba y efectuaba gestiones extrajudiciales respecto de contratistas estatales de forma simultánea con la contratación en AFIP.
- También, en forma simultánea, era letrado patrocinante de la Provincia de Santa Fe en la causa “SANTA FE, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL S/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” en la que el Estado Nacional es parte demandada y resultaba de importancia institucional para la AFIP, cuya resolución implicó una pérdida de $ 14.036.708.553,40 para el organismo.
Maximiliano Reussi
- Defendía a contribuyentes imputados en cuatro causas penales por infracción a la Ley Penal Tributaria siendo la AFIP parte querellante en tres.
Alejandro Carrió
- Percibió de forma simultánea –a partir de septiembre de 2019- su beneficio previsional con los honorarios pagados por la AFIP.
- Defendía a contribuyentes imputados en cuatro causas penales por infracción a la Ley Penal Tributaria, siendo la AFIP parte querellante en tres de ellos.
Juan José Antonio Ávila
- Percibía de forma simultánea su beneficio previsional con los honorarios pagados por la AFIP.
- Defendía a contribuyentes imputados en una causa penal por infracción a la Ley Penal Tributaria en la que la AFIP es parte querellante.
Tomás Farini Duggan
- Percibía de forma simultánea sus honorarios de la AFIP y su remuneración como empleado en relación de dependencia del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
- Defendía a contribuyentes imputados en una causa penal por infracción a la Ley Penal Tributaria en la que la AFIP es parte querellante.
- Ávila y Farini Duggan son socios en un estudio jurídico. El segundo fue contratado a instancias del primero, sin acreditar ningún elemento en la necesidad de contratación, redundando en un beneficio patrimonial para la sociedad de ambos, en detrimento del erario público.
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