Política y Economía
Inseguro

Aeropuerto “flotante” de El Palomar: la lluvia otra vez dejó al desnudo la endeble estructura que posee

La tormenta del martes pasado nuevamente puedo en evidencia la falta de seguridad que tiene la controvertida terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense. Pasajeros denunciaron que no pudieron bajar los aviones durante varias horas.

El controvertido aeropuerto de El Palomar, donde operan Flybondi y JetSmart, quedó inoperable por el agua que cayó el martes por la noche. Es que la lluvia dejó al desnudo otra vez la precariedad de la estructura con la que cuenta. Desde septiembre de 2017 los vecinos de la zona denuncian ante la jueza federal, Martina Forns, la peligrosidad del mismo por ser “trucho e ilegal”.

En imágenes y videos que circularon en redes sociales, quedó registrado el colapso de las instalaciones de la base militar en medio de la tormenta. El acceso principal y el resto de la estructura que se utiliza como terminal de pasajeros también quedaron inundados. De hecho, el agua llegó hasta el borde de los aviones de las dos low cost que funcionan allí. Por ese motivo, los pasajeros de Flybondi y JetSmart descargaron su bronca en las redes sociales para denunciar que quedaron atrapados arriba de los aviones por más de tres horas.

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Los vuelos de los damnificados fueron los identificados como FO 5271, FO 5221 y FO 5061 procedentes de Bariloche, Tucumán y Mendoza. Los mismos arribaron a El Palomar entre las 22 y la medianoche del martes, pero que no pudieron bajar hasta bien entrada la madrugada del miércoles.

 

 

Tanto Flybondi como también JetSmart (cuyo dueño William Franke participó del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral en los ’90 dejándola al borde la quiebra en 2001), utilizan el aeropuerto, además de estar denunciado por supuestas vinculaciones con el narcotráfico y lavado de dinero, posee una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el uso comercial del lugar. Al mismo tiempo, posee el rechazo masivo de los vecinos de Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, La Matanza y San Martín que repudiaron las llegadas de las aerolíneas por los daños y contaminación que cada vez se profundizan más.

A su vez, hace seis meses rige la solicitud de clausura definitiva del aeropuerto ordenada por el fiscal federal Di Lello, en atención al peligro que representa la “cercanía de instituciones educativas en la aproximación del despegue y aterrizaje de los vuelos”, los “conflictos en seguridad operacional del tráfico aéreo”, entre otras cuestiones que ponen en riesgo la “seguridad pública” de pasajeros y vecinos de una zona densamente poblada.

 

 

Sin embargo, a pesar de contar con la medida ratificada por otros dos fiscales federales (Germán Moldes y Franco Picardi), la jueza Martina Forns no sólo se negó a cerrarlo sino que avanzó en la dirección opuesta. De este modo, avaló el pedido del gobierno de Macri de empezar a cerrar la causa del amparo colectivo vecinal que fue radicado en el Juzgado N°2 de San Martín, a cargo de la magistrada el 13 de septiembre de 2017. 

 

JetSmart y Flybondi son las low cost que operan en el cuestionado aeropuerto de El Palomar.

 

El polémico accionar de Forns al frente de la causa también le valió durísimas críticas de organismos de derechos humanos. En particular le recriminan que la pequeña casa que es utilizada como “terminal”  fue reconocida por la testigo y sobreviviente Zoraida Martin, como el lugar exacto donde fue secuestrada y torturada durante la última dictadura militar.

Esto último fue testificado frente a la jueza Forns durante la inspección del 8 de enero de 2018, pero la magistrada omitió ese testimonio del acta judicial, por lo que posteriormente fue denunciada. Zoraida Martin también reconoció los hangares militares como la zona de su cautiverio, de todos modos la funcionaria judicial permitió que se continúen con las obras allí en violación a la Ley de Sitios de Memoria. Esto le valió el repudio masivo de las organizaciones de derechos humanos, tal como lo manifestó Nora Cortiñas en febrero de 2018 cuando le pidió el juicio político por haber habilitado en forma ilegal el uso comercial de la base militar El Palomar.

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