Amparo judicial

Un intendente peronista pide la nulidad de la resolución que impide cobrar tasas en facturas de luz

El Intendente Francisco Durañona presentó un recurso de amparo contra la “intempestiva y arbitraria” resolución de OCEBA que prohíbe a los municipios cobrar conceptos ajenos a la electricidad.

Francisco Durañona presentó un recurso de amparo contra el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), quien presentó ayer la Resolución N°167/18 que establece que las facturas a usuarios que emitan los distribuidores provinciales y municipales, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente, sólo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

El jefe comunal pide que se declare la nulidad de la resolución o, al menos, su inaplicabilidad con relación a la Municipalidad que representa.

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Lo que sucede es que con esta medida de la Provincia, los municipios deben cobrar esos conceptos adicionales por fuera de las facturas de luz, y no tardaron en hacer conocer su descontento.

El disgusto de los intendentes se viene acumulando desde la quita de las tarifas que pusieron el grito en el cielo durante el tratamiento de paquete que envió la gobernadora a la Legislatura. El jefe comunal de San Antonio de Areco había dicho: “Macri y Vidal, en absoluta sintonía, decidieron sacrificar recursos del Estado y presionar a Provincias y Municipios para que pierdan mayor autonomía, todo ello en favor de 3 empresarios que se quedaron con el negocio del servicio eléctrico”.

Hoy reclama contra OCEBA porque argumenta que el municipio percibe sus tasas municipales a través de convenios de gestión de cobros suscriptos con las Cooperativas Eléctricas locales, y que, además de ser beneficiosa para los vecinos, ayuda a mejorar el índice de cobrabilidad del municipio, “eliminando dispendio administrativo, economizando la gestión y procedimiento para la efectiva percepción, facilitando el cobro a los contribuyentes y permitiendo el ahorro de recursos administrativos en dependencias municipales.”

Concluye en el documento: “La intempestiva y arbitraria Resolución N° 167/18 pone en peligro seriamente la efectiva percepción de las tasas municipales, y en consecuencia también la prestación de los servicios involucrados en ellas.”

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