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INFOCIELO.COM » Judiciales y Policiales » 15-06-2017

Piden la declaración indagatoria a Cristina Fernández por la causa “la ruta del dinero K”

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que la ex presidenta sea citada a declaración indagatoria en la causa por supuesto lavado de dinero que habría ejecutado el detenido empresario Lázaro Báez.

El requerimiento del titular de la fiscalía federal número 9 fue presentado al juez federal Sebastián Casanello, que en este expediente tomó nuevas indagatorias a los ya procesados Báez, el ex gestor financiero Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.

El fiscal federal Marijuan  expresó que “Fernández no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez (...) debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras" de supuesto lavado.

Para Marijuan, la ex mandataria debe "dar explicaciones" a la Justicia federal "por su vínculo" con Báez dado que "su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel -como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado".

"También debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras" indicó y añadió que "la incidencia del poder político de máximo nivel, que no hubo alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz".

En el marco de esta causa, junto a Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.

Casanello ordenó 27 nuevas indagatorias luego de que Suiza informase que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.

Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral Construcciones.

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.

El expediente cobró impulso con la aparición en enero de 2016 del video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se veía a varios de los procesados contando millones de billetes de dólares y euros.

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