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INFOCIELO.COM » Sociedad » 17-05-2017

Marcha atrás: Un colegio privado tiene que retrotraer los aumentos y aplicar la cuota de 2016

Así lo dispuso un juez de faltas en la capital de la Provincia. De esta manera se le ordena a la Nueva Escuela Argentina a cobrar los valores de 2016, tras la presentación que realizó un grupo de madres y padres.

La resolución se basa en la legislación que establece que para fijar los aranceles, los establecimientos de educación privada sin aporte estatal deben obtener la mayoría de los consentimientos de forma “individual y expreso” de todos los padres o responsables de los alumnos.

El Juzgado de Faltas Nº 2 de la Municipalidad de La Plata -con competencia en defensa del consumidor- a cargo de Dante Rusconi ordenó a la Nueva Escuela Argentina ubicada en calle 6 entre 41 y 42 a que retrotraiga el valor de las cuotas para todos sus alumnos de todos los niveles a los vigentes al mes de noviembre de 2016.

Los padres indicaron que en agosto de 2016 los valores de los aranceles rondaban los 3.300 pesos, agregaron que les hicieron firmar la propuesta de aranceles para 2017, pero sin especificar los montos.  A principios de este año la institución repartió en sobres cerrados los nuevos valores de las cuotas con incrementos superiores al 50%.

En la oficina de Defensa del Consumidor se intentó arribar a un acuerdo entre los denunciantes y el colegio, pero no fue posible. El establecimiento argumentó que en el Reglamento Interno se había reservado la posibilidad de modificar los valores, y que además la situación económica y los aumentos de los docentes justificaban los incrementos en los aranceles.

Los denunciantes insistieron y pidieron el dictado de una medida preventiva, por este motivo, intervino el juez Dante Rusconi que “colectivizó” el expediente, a considerar que se trata de un típico caso de “derechos de incidencia colectiva” que excede el plano individual.

Además en la sentencia se destaca que el marco legal de aplicación de los aranceles de los establecimientos de educación privada, obliga a los colegios a presentar todos los años ante las autoridades una declaración jurada mediante la cual acrediten que el contrato educativo cuenta con la conformidad individual y expresa de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento.

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