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INFOCIELO.COM » Política » 17-02-2017

AySA pretende subir 22% las tarifas de agua y sacar subsidios a un millón y medio de usuarios

Un nuevo tarifazo del 22 por ciento podría llegar a los usuarios del Gran Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, según la propuesta que que le entregó AySA al Gobierno nacional.

Los usuarios del Gran Buenos Aires deberán pagar este año un nuevo incremento en las tarifas de agua potable y cloacas. La propuesta de la empresa AySA es elevar las tarifas un 22 % y eliminar los subsidios.

Además, un millón y medio de clientes tendrán un impacto extra porque además perderán, en forma gradual durante cinco bimestres, el subsidio del 25% de la factura que hoy reciben por vivir en ciertas zonas.Así, para ese grupo la suba será del 30% en marzo y luego tendrán otras acumulativas de 6,3% en mayo, 5,9% en julio, 5,6% en septiembre y 5,3% en noviembre. En total, a fin de año terminarán pagando un 63% más que ahora, según informó el diario Clarín.

AySA presentó el pasado 2 de febrero la Propuesta de Adecuación Tarifaria y todavía espera su aprobación. La Subsecretaría de Recursos Hídricos confirmó que "si hay cambios, van a ser menores".En concreto, la iniciativa hará que en marzo la factura media pase de los $ 297,60 actuales a $ 387,30 para los hogares aún subsidiados (unas 629 mil familias) y de $ 446,70 a $ 545 para los demás (1,1 millón), siempre entre los que no tienen medidor.

Para los medidos, las subas serán de hasta 30%. Estos, a igual consumo, pasarán de $ 492 a $ 640,30 si estaban subsidiados y de $ 754,90 a $ 921 si no.

Son valores bimestrales promedio: en algunas casas de alto consumo llegarán boletas de más de $ 1.650. Al otro extremo, los usuarios con Tarifa Social pasarán a pagar alrededor de $ 165,30 en zonas con subsidio y de $ 288,50 en el resto de los barrios.

Estos cambios se acumulan con los aplicados en 2016, cuando las subas habían promediado 297% y habían llegado a 375%. En los despachos oficiales defienden la idea diciendo que "está en el orden de la inflación". Por ahora prevén aplicarla, tal como pasó en 2016, sin convocar antes a una audiencia pública, lo que ya genera polémica.

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