Tras días de tensión por las amenazas de tiroteos en las escuelas, el fiscal de la ciudad de Mar del Plata, Walter Martínez Soto entrevistado en el programa “Palabras más, palabras menos” de La Cielo FM 103.5 habló sobre la situación local que se ha convertido en el epicentro de la situación, que comenzó como un hecho aislado y escaló rápidamente hasta alcanzar en una semana alrededor de 60 denuncias.
Según Martínez Soto, fiscal del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, los mensajes que anticipan ataques “parecen calcados”, lo que sugiere la existencia de un “challenge o alguna cuestión de este estilo” replicada a través de redes sociales. El modus operandi es casi siempre el mismo con cartelería o pintadas de advertencias de masacres en los baños de los colegios. La elección del lugar no es azarosa. Martínez Soto explica que “en el único lugar donde no tienen cámaras es en el baño”, lo que inicialmente dificultó las investigaciones, aunque la división por sexos en los sanitarios de algunos colegios ha facilitado el filtro de sospechosos.
El primer imputado y la sombra de la prisión
A pesar del anonimato que ofrecen los pasillos escolares, la justicia ya ha logrado avances. En un colegio de Mar del Plata, se identificó a un joven de entre 16 y 17 años que, al verse “rodeado”, terminó admitiendo los hechos ante sus padres. Este adolescente fue citado a declarar como imputado bajo el delito de “intimidación pública”, una figura legal que “prevé una pena de hasta 6 años de prisión”.
La gravedad del asunto radica en el contexto nacional. El fiscal advierte que, ante hechos reales ocurridos recientemente en Argentina, estos mensajes adquieren una “credibilidad necesaria para difundir miedo”, afectando no solo a los compañeros de la misma edad, sino también a los niños más pequeños que recién ingresan al sistema educativo.
La “trampa” de la ley y el costo operativo
Uno de los puntos de mayor frustración para los investigadores es el vacío temporal en la aplicación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Martínez Soto señala que si la nueva ley estuviera plenamente vigente, “me habría habilitado para pedir la detención” del joven implicado. Sin embargo, los legisladores establecieron un plazo de 180 días para su implementación efectiva, con el fin de adaptar el “andamiaje de contención” necesario.
Ante esta limitación penal, la justicia marplatense ha decidido golpear en el bolsillo de las familias. Se está trabajando en conjunto con la Fiscalía de Estado para trasladar la “responsabilidad civil de hacerse cargo del costo de ese operativo a los padres de los menores involucrados”.
Una “reparación” obligatoria
El objetivo no es solo punitivo, sino restaurativo. El fiscal general, Dr. Fernández Guerrero, ha dispuesto que en caso de soluciones alternativas al juicio, la “reparación esté presente”. La idea no es solo recuperar lo invertido por el Estado en movilizar patrulleros y especialistas, sino establecer una “suma de dinero significativa que pueda ser donada a una entidad de bien público”.
El mensaje de las autoridades es contundente, el despliegue de seguridad que se pierde en una falsa amenaza de un adolescente desprotege al resto de la ciudad. Mientras las denuncias siguen sumándose, la justicia busca sentar un precedente para que, ante la próxima tentación de cumplir un “desafío” viral, los jóvenes y sus familias lo piensen dos veces.
